Acotaciones “sobre los proceso organizativos en las cárceles"

En el boletín “Derriba los Muros”, número 2, de marzo de 2012, el compañero Leo hizo una contribución intitulada “Sobre los procesos organizativos en las cárceles”* [ed., ver texto al final del artículo], que además de interesante ofrece una oportunidad de diálogo y reflexión que queremos aprovechar en aras de un debate fraternal y constructivo que de paso permita recuperar experiencias y producir material de memoria histórica de la lucha carcelaria en Colombia.

Leo abre su artículo con la siguiente proposición: “La organización como medio para mejorar el niel de vida de las comunidades se da de manera espontánea en cada una de ellas”. Desde esta premisa desarrolla su exposición, pero conviene acotar diciendo que las organizaciones con fines reivindicativos son acciones sociales colectivas racionales, autónomas y permanentes, y por tano no son espontáneas como sería el caso de organizaciones no reivindicativas que se aglutinan en torno a otros factores como la búsqueda de identidad, por afinidad generacional u otros, que dan origen a “parches”, “pandillas”, “combos” por nombrar algunos ejemplos. Las “organizaciones como medio para mejorar el nivel de vida de las comunidades” se asumen como conductas colectivas espontáneas en el funcionalismo estructural, que se presupone que la sociedad moderna es una unidad estructural funcional que satisface otras necesidades de los ciudadanos en torno a valores individuales y colectivos compartidos; y la “reacción a sus desajustes y tensiones provoca el surgimiento espontaneo de prácticas disfuncionales, irracionales y no institucionales. Como se evidencia, el modelo funcionalista supone que el conflicto social no es consustancial a la estructura social sino un fenómeno atípico. La teoría crítica da otras luces.

Claro, hay acciones sociales colectivas que surgen de manera más o menos espontanea e incluso duran algunas horas como lo levantamientos, los tumultos, los disturbios, las protestas; pero entre mayor es el nivel de organización mayor su racionalidad, su autonomía, su continuidad y permanencia en el tiempo, por ejemplo, los Movimientos Sociales, los partidos políticos, las oenegés, y otras formas de organización política, que desarrollan acciones radicales y poderosas con capacidad de generas transformaciones profundas y cambios en la estructura social.

Esta precisión es pertinente porque para comprender los procesos organizativos en las cárceles, es necesario diferenciar entre las acciones sociales colectiva espontáneas (motines, disturbios, tropeles) y no espontáneas (desobediencias civiles, huelgas de hambre, operaciones tortuga); así como el nivel de organización y el tipo de Mesas de trabajo, Movimiento Nacional Carcelario). Un cacique y su “casa”, o sea, un delincuente común que controla un pabellón o una cárcel apoyado por su pandilla es un tipo de organización capaz de conducir un amotinamiento, una fuga o una huelga de hambre, pero su nivel interno de organización gira en torno a la autoridad despótica del cacique basada en su control de armas, drogas y dinero. Su nivel externo de organización depende o de su “don de gentes” o de su poder intimidatorio y de coacción, así como de los interés de la pandilla.

A su vez, el motín Nacional Carcelario del 97 que culminó con la sentencia T-153 de 1998 proferida por la Corte Constitucional, fue la conquista de un movimiento social –que incluyó la participación activa de caciques- que estuvo en dependencia de la existencia de solidas organizaciones y colectivos de presos políticos capaces de movilizarlos en torno a un pliego de peticiones y un plan de acción coordinada.

Ahora, otra cosa es la comprensión (desde la teoría crítica y no desde el funcionalismo) de los conflictos sociales consustanciales a la estructura social, que motivan y condicionan el surgimiento de la diversidad de acciones colectivas; ya sea entre los distintos sectores o entre estas y las normas, leyes e instituciones. Por ejemplo, cuando Leo nos dice: “Algo que tal vez es de común acuerdo hoy en día en las cárceles, es la organización en torno a unas normas mínimas de convivencia, para evitar conflicto entre individuos y grupos”, es algo que se corresponde a un ambiente de pacificación, tolerancia, armonía y civilismo entre presos. El discurso de la convivencia es institucional y su difusión y normalización vino de la mano del INPEC con la implementación de las prisiones y regímenes de alta seguridad de alta seguridad a partir del año 2000; pero si bien es un discurso que se repite regularmente y desde el cual se articulan muchas de las dinámicas internas en las cárceles, suele ser una retórica que se usa como sofisma para encubrir o maquillar acciones represivas de la administración y la guardia penitenciaria, o para legitimar o justificar desde los internos ante la institución procesos de control y dominación entre presos, ya sea por cuenta de sectores (guerrilleros, paramilitares o bandas de delincuentes comunes) o individuos que emergen como poderes e imponen sus propias normas como “normas de convivencia”.

De allí que sea un error el juicio que lanza el compañero en su intento de explicación del origen y desarrollo del “proceso de convivencia” cuando dice cuando dice que: “Cuando el estado asumió “el control” de las cárceles, respetó los espacios ganados por los grupos y de ahí en adelante, se aceptó que estos grupos manejaran los patios con cierta autonomía”.

Primero, porque antes de retomar el control, tampoco fue cierto que frente a las guerras entre guerrilla y paramilitares (del 98 al 2001) hubiera “total indiferencia del estado” pues ello por el contrario obedeció a una estrategia estatal de reproducir el conflicto armado nacional al interior del sistema carcelario y penitenciario, en tiempos de consolidación de los colectivos de presos políticos capaces de coordinar, movilizar y dirigir un poderoso Movimiento Carcelario, capaz de arrebatar conquistas y reivindicaciones inéditas hasta ese momento. Las guerras auspiciadas a través del paramilitarismo frenaron, diluyeron y postergaron indefinidamente las condiciones y fuerzas acumuladas para nuevas luchas, lo cual fue el preludio a la retoma del control por parte del INPEC. Segundo, porque una vez desarticulado el Movimiento Nacional Carcelario y puesto en marcha el sistema de alta seguridad en el 2000, cuando los presos políticos intentaron reagruparse y reactivar el movimiento con desobediencias civiles desde los EPCAMPS de Cómbita, Girón, Dorada y San Isidro (entre 2002 y 2005), el Estado, instrumento una política de represión e invisibilización: traslados, aislamientos, investigaciones disciplinarias, judicializaciones, y de desarticulación de los colectivos con la extensión de la ley de justicia y pal a guerrillero presos, y el decreto de desmovilización individual de estos; así como la desarticulación de los espacios con traslados masivos de los pabellones conquistados tras enfrentamientos a cuchillo contra paramilitares en aquellos EPCAMS (pérdida del patio 3 en La Dorada en 2006, y de los patios 3,5 y 6 en Cómbita entre 2007 y 2008, por ejemplo) a la vez que reprimía y desarticulaba los Colectivos y espacios de los presos políticos en las viejas cárceles de mediana seguridad consolidadas desde finales de los años 90´s, y que el INPEC destruyó durante el gobierno de Uribe y la administración de Moya Suta (Modelo Bogotá, Picota, Picaleña, Cúcuta, Bucaramanga y otras cárceles). Donde se “preservó” un mínimo espacio como en los patios 2 y 4 de Picota, tras perder paulatinamente el control total que se tuvo, se hizo a costa de renunciar en buena medida a la lucha y la confrontación con el establecimiento, asumiendo “normas de convivencia” que connestan con la administración y la guardia. O en ocasiones emprendiendo jornadas timoratas y efímeras de protesta, insustanciales y desarticuladas de lo nacional.

Esto explica por qué en los últimos 10 años, pese al crecimiento exponencial de las cárceles (152) y de la población carcelaria (109.000 reclusos), con el consecuente empeoramiento de las crisis humanitaria no ha resurgido un movimiento al menos cercano al que condujo el Motín Nacional del 97 y cuyos estertores finales – ya muy débiles- intentaron promover la ley de jubileo en el 2000.

Entonces “las luchas de los presos políticos deben ir cambiando” –como dice Leo- pero hacia una nueva fase de flujos de organización, comunicación, articulación, coordinación y movilización de las grandes mayorías de reclusos y reclusas del país, más allá de la reivindicación de la “convivencia pacífica” y del “respeto a los derechos humanos”, pues no se trata de venir a “vivir bien” a la cárcel, sino de luchar contra la cárcel como forma de control, dominio o disciplinamiento social, como instrumento contrainsurgente y de represión de la izquierda, la oposición y los movimientos populares. No se trata de “humanizar la cárcel” sino de abolirla. No queremos ser “resocializados”, queremos hacer la revolución socialista. No queremos ser ni “buenos presos” ni “buenos ciudadanos”, dóciles y útiles al sistema. La pelea es por la libertad y el comunismo.

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